El Derecho Administrativo como Fundamento de la Internacionalización Empresarial: El caso de las PYMES extranjeras en Brasil

Por Rogério Santos do Nascimento

Abogado | Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Muchas pequeñas y medianas empresas extranjeras han dirigido su atención hacia Brasil como un destino estratégico para la expansión de sus negocios. El país presenta una economía plural, un mercado consumidor significativo y una abundancia de recursos naturales. Sin embargo, la mera atractividad económica no es suficiente. Antes de cualquier iniciativa de internacionalización, es imprescindible comprender que, en Brasil, el éxito empresarial exige no solo conocimiento del mercado, sino, sobre todo, dominio del marco jurídico-administrativo que rige la relación entre el Estado y los particulares.

En este escenario, el Derecho Administrativo brasileño no se presenta como un área jurídica periférica, sino como una herramienta esencial, anterior a la judicialización y estructurante de toda la operación empresarial. Sin la debida preparación técnica en este campo, una empresa extranjera puede verse envuelta en obstáculos burocráticos, sanciones regulatorias o incluso en disputas administrativas que comprometan su funcionamiento.

A diferencia del entorno de otros países, donde la interacción entre las empresas y el poder público tiende a ser más objetiva, previsible y menos burocrática, Brasil mantiene una tradición intervencionista del Estado. Esta presencia estatal se manifiesta a través de licencias, autorizaciones, concesiones, fiscalización continua, actuación de agencias reguladoras y un fuerte control externo ejercido por tribunales de cuentas y ministerios públicos. En muchos casos, la actuación de la Administración Pública se da de forma unilateral, mediante actos administrativos que producen efectos inmediatos, exigiendo una reacción pronta y precisa por parte de la empresa afectada.

No se trata únicamente de comprender la legislación vigente. El verdadero desafío consiste en navegar por las entrañas de la maquinaria pública brasileña. La estructura federativa compleja, con competencias legislativas y administrativas fragmentadas entre la Unión, los Estados y los Municipios, puede generar exigencias contradictorias o superpuestas. A ello se suma la existencia de prácticas administrativas viciadas, como exigencias informales no previstas en norma alguna, decisiones contradictorias entre sectores internos de un mismo órgano o incluso la morosidad deliberada de ciertas autoridades públicas. Tales prácticas, aunque reprobables, forman parte de la realidad enfrentada por emprendedores nacionales y extranjeros.

Ignorar este escenario es comprometer la viabilidad de la inversión. El análisis de riesgo para ingresar a Brasil debe ir más allá de los indicadores financieros, cambiarios o logísticos. Debe abarcar, con igual rigor, los aspectos regulatorios, institucionales y administrativos que pueden, silenciosamente, inviabilizar una operación. Muchas empresas serias y bien intencionadas ya han visto sus planes sucumbir ante la ineficiencia o arbitrariedad administrativa, viéndose obligadas a recurrir a la vía judicial como medida de supervivencia, cuando una actuación preventiva habría evitado el litigio.

La consolidación jurídica de una empresa extranjera en territorio brasileño pasa necesariamente por la observancia del régimen jurídico-administrativo local. Es en este contexto donde el Derecho Administrativo actúa como verdadero fundamento. Permite comprender los límites y deberes impuestos por la ley, la forma válida de manifestación de los actos del poder público, los medios de impugnación administrativa y judicial de decisiones ilegales, y los mecanismos de participación en licitaciones, concesiones o convenios.

No se trata únicamente de evitar irregularidades o responsabilidades. Se trata de construir, desde el inicio, una base sólida, técnicamente fundamentada e institucionalmente legítima para el desarrollo del negocio. Esto implica estructurar contratos de conformidad con el régimen jurídico de los contratos administrativos, implantar programas de cumplimiento normativo adaptados a la legislación anticorrupción brasileña, conocer las exigencias de las agencias reguladoras del sector de actuación y, sobre todo, establecer una cultura de respeto a las normas administrativas locales.

La empresa que llega a Brasil sin esta preparación jurídica corre el riesgo de caminar a ciegas, enfrentando obstáculos que podrían haber sido previstos y neutralizados. En cambio, aquella que comprende el papel central del Derecho Administrativo actúa con seguridad, previsibilidad y capacidad de respuesta institucional. Brasil, a pesar de sus desafíos, sigue siendo una de las mayores economías del mundo, y ofrece oportunidades reales a aquellas empresas que sepan comprender y respetar su ordenamiento jurídico.

Se concluye, por tanto, que la internacionalización empresarial, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas extranjeras, no debe orientarse únicamente por indicadores económicos. Es fundamental considerar, desde la etapa de planificación inicial, un análisis riguroso de viabilidad jurídico-administrativa. El Derecho Administrativo brasileño no es simplemente una rama del Derecho. Es el instrumento estratégico que sostiene, orienta y protege la presencia empresarial extranjera en suelo nacional.